Miles de estudiantes, docentes y organizaciones sociales se movilizaron en distintos puntos del país con una marcha y un apagón simbólico en reclamo por mayor financiamiento universitario y en defensa de la educación pública.
La protesta se llevó a cabo este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y en numerosas ciudades del interior del país.
La convocatoria incluyó un apagón simbólico en edificios educativos, plazas y espacios públicos, como forma de visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.
Los manifestantes exigieron al Gobierno nacional la actualización de las partidas presupuestarias y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
La movilización estuvo encabezada por gremios docentes, federaciones estudiantiles y rectores de universidades públicas.
En los últimos meses, los rectores de universidades nacionales advirtieron que los recursos destinados por el Gobierno resultan insuficientes para cubrir gastos básicos de funcionamiento.
La tensión escaló tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, lo que generó mayor malestar en el sector académico.
Este tipo de manifestaciones se suman a una larga tradición de defensa de la educación pública en Argentina, históricamente vinculada a la movilidad social.
Postura oficial: Desde el Gobierno, el Ministerio de Educación ratificó que los recursos “son suficientes” y apuntó a una “gestión más eficiente” de las universidades.
Referentes educativos: La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) sostuvo que el recorte pone en riesgo el inicio del próximo ciclo lectivo.
Voces críticas: Agrupaciones estudiantiles acusaron al Ejecutivo de “desfinanciar deliberadamente la educación pública para favorecer al sector privado”.
Las universidades anticipan que, de no haber una actualización presupuestaria, podrían verse afectadas áreas clave como la investigación científica y el mantenimiento de la infraestructura.
Se esperan nuevas medidas de fuerza y posibles paros docentes en las próximas semanas.
El conflicto instala nuevamente en la agenda pública la discusión sobre el rol del Estado en el financiamiento de la educación superior.