El Gobierno nacional anunció cambios en los trámites para renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a partir de 2025. Habrá actualizaciones digitales, simplificación de documentación y plazos diferenciados según el tipo de condición.
El Ministerio de Salud confirmó que desde enero de 2025 entrarán en vigencia nuevas disposiciones para la actualización del Certificado Único de Discapacidad. El objetivo oficial es modernizar el sistema, reducir trámites presenciales y garantizar mayor transparencia en los procesos.
Entre los cambios más relevantes, se destaca la posibilidad de realizar parte del procedimiento de manera digital, la extensión de la validez del certificado en casos de discapacidades permanentes y la incorporación de plazos diferenciados según el tipo de diagnóstico. Además, se simplificará la presentación de estudios médicos, que solo se solicitarán en determinadas situaciones clínicas.

El CUD es un documento oficial que otorga acceso a prestaciones de salud, transporte, educación y beneficios sociales. En los últimos años, asociaciones de personas con discapacidad habían señalado la necesidad de reducir la burocracia en su obtención y actualización, ya que muchos trámites resultaban engorrosos y generaban demoras.
Gobierno: El Ministerio de Salud afirmó que la medida “responde a un reclamo histórico” y busca que el proceso sea “más ágil y respetuoso con las personas”.
Organizaciones de discapacidad: Recibieron con cautela los anuncios. Destacaron como positivo el avance digital, pero advirtieron que aún faltan detalles sobre la implementación en provincias con menor infraestructura tecnológica.
Oposición: Legisladores de algunos bloques señalaron que “la digitalización no puede convertirse en una nueva barrera” y pidieron acompañamiento especial para quienes no tienen acceso a Internet.
Se espera que el nuevo esquema beneficie a miles de familias en todo el país, aliviando la carga administrativa y garantizando mayor continuidad en los derechos asociados al CUD. No obstante, el éxito de la medida dependerá de la capacidad de implementación en cada jurisdicción y del acompañamiento a los sectores más vulnerables.